En verdad que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, su partido, son iguales a anteriores mandatarios o al PRI o al PAN cuando estuvieron en el poder: son peores. La mejor muestra es el desaseado proceso legislativo del llamado Plan ’B’, que suplió su fallida reforma electoral tras no alcanzar los votos necesarios para ser reforma constitucional.
Podrán decir muchas cosas de los actuales partidos de oposición, en particular del PRI, pero éste nunca violó el marco legal vigente con plena y total consciencia de que cometían una total inconsistencia como sucedió en esta ocasión, cuando a pesar de que varias iniciativas eran totalmente anticonstitucionales, los legisladores federales de Morena, apoyados en sus aliados, continuaron adelante con la correspondiente aprobación.
Incluso, López Obrador se había manifestado en contra de dos puntos evidentemente ilegales: el traspaso de votos durante las alianzas electorales, lo que se llama clausula de ’vida eterna’ ya que de esa forma los partidos minoritarios nunca perderían el registro oficial, así como el poder guardar recursos no ejercidos para siguientes comicios. Sin embargo se han mantenido sin cambios.
En fin, son muchos los puntos irregulares existentes en ese Plan ’B’, pero al político tabasqueño eso no le importa, lo que busca es consumar su venganza en contra del árbitro electoral por su nunca aceptada derrota en las elecciones del 2006, donde por un mínimo margen perdió la presidencia de la república en lo que consideró hubo un fraude que nunca pudo comprobar.
Ahora, cuando se consume la aprobación de esas iniciativas prácticamente será la desaparición del Instituto Nacional Electoral, al recortarle funciones, recursos, órganos administrativos y responsabilidades, con lo cual los futuros procesos no solo federales, también estatales y municipales podrán quedar en entredicho por la falta del aval del organismo ciudadano que los ha organizado desde hace ya tres décadas.
Sin embargo, aún queda una leve esperanza: que tras recibir la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda la serie de juicios de inconstitucionalidad por estas ’reformas’, actúe en consecuencia y las invalide a fin de que no entren en vigor.
De no suceder así, entonces tanto nuestra democracia como el sistema político y electoral sufrirá un grave retroceso. Lo que se puede anticipar es que de no bajar sus acciones polarizadoras, el gobierno federal podría enfrentar una grave crisis social en los próximos años.