Constantemente, en sus conferencias de prensa mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresa que ’quien nada debe, nada teme’, como una forma de retar a sus adversarios, en particular a los periodistas con los cuales constantemente se confronta, para revelen ya sea sus fuentes informativas o la forma cómo obtienen sus ingresos profesionales.
Antes que nada, debe precisarse que los servidores públicos, en particular de los niveles medios y altos, por sus funciones deben revelar los sueldos y compensaciones que reciben, otros ingresos y propiedades, tanto personales como los de sus familiares, todo ello para transparentar que sus bienes han sido obtenidos legalmente, sin caer en actos de corrupción.
En cambio, el resto de personas, tanto ciudadanos como profesionales no tienen la obligación de hacer públicos sus ingresos y propiedades, pero López Obrador ha reiterado, como si fuera una obligación legal, que sus adversarios deben difundir ese tipo de información, pero con el propósito de exhibirlos como corruptos y, por lo tanto, personas no confiables.
Pero en mayo de 2021, cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al gobierno federal entregar una versión pública de los documentos y condiciones contractuales suscritas con las farmacéuticas y comprobantes de pago por la adquisición de las vacunas contra covid y únicamente reservarla sólo por dos años, las autoridades federales se negaron a proporcionar toda esa información.
Para evitarlo, la Consejería Jurídica de la Presidencia tramitó dos recursos de revisión al argumentar que difundir los comprobantes de pago implica un riesgo real, demostrable e identificable a la seguridad nacional por las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos, cuya violación provocaría su terminación o responsabilidades al gobierno federal, lo cual fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso determino reservar toda esa información por al menos cinco años.
La inquietud es que existe el interés por conocer cuántos biológicos se adquirieron y cuánto se pagó a las farmacéuticas Pfizer, Cansino y AstraZeneca, porque es público que una parte de ellas fueron recibidas por donación, principalmente por el gobierno de Estados Unidos.
La demanda es válida ya que esas vacunas se pagaron con nuestros impuestos. Así como López Obrador cuestiona a sus adversarios para que revelen lo que él quiere sea público, ahora se le puede impugnar con la misma frase para informar sobre lo invertido en las vacunas, parte de una opaca campaña contra la pandemia de covid-19: ’Quien nada debe, nada teme’.