Arturo Zárate Vite

Jamás, nadie del poder judicial ha salido a ofrecer disculpas públicas cuando ha cometido error y encarcelado a un inocente.
Ningún juez ha reconocido su equivocación, tampoco los magistrados y mucho menos los ministros de la Corte.
¿A poco podrían decir que han sido perfectos y por lo tanto no tienen que ofrecerle disculpas a nadie?
En muchos países hay registro de errores, de las fallas de sus sistemas de justicia, de sus juzgadores. Terminan por reconocerlo y liberar al afectado o afectada.
¿Cuándo ha sucedido eso en México?
Nunca.
Por eso cuando alguna figura pública del pasado o del presente sale a despotricar contra el proceso de elección y renovación del poder judicial, está negando una realidad que es indiscutible para la gente.
Seguramente no se da cuenta, hinchado de poder y viviendo en la nube de los poderosos que jamás miran hacia abajo, del sufrimiento de la gente que es víctima de una mala impartición de justicia.
No, no es solo que la presidenta de la Corte Norma Piña se haya peleado con el titular del poder ejecutivo anterior o que se hayan emitido resoluciones contrarias al proyecto del gobierno en turno, la cruda verdad es que el poder judicial se pudrió desde la cúpula.
Los ministros y las ministras que han ejercido desde la renovación total de los integrantes de la Corte que promovió e hizo Ernesto Zedillo como presidente de México, nunca pisaron tierra, han vivido en el olimpo como dioses intocables, puros.
Siempre alejados del pueblo, sin tiempo para atenderlo. Nunca les ha importado el dolor de la gente y la destrucción de cientos de familias, porque es lo que sucede cuando no se imparte justicia y solo se obedece a intereses, a consignas, a privilegios.
Una soberbia indescriptible, imperdonable, con prebendas, beneficios e ingresos ofensivos para las mayorías.
Los ministros y ministras son los servidores públicos que más ganan y con prestaciones de lujo.
El día que se habló por primera vez que deberían ganar menos que el presidente o la presidenta, como fieras salieron a defender sus millonarias percepciones que hasta la fecha conservan.
Únicamente la ministra Lenia Batres, por decisión propia, por congruencia, se bajó el sueldo y renunció al seguro de gastos médicos mayores. Es la única que gana menos que la presidenta Claudia Sheinbaum, en acatamiento a lo que establece la Constitución. El resto disfruta la opulencia.
El poder judicial se pudrió desde arriba, protegió el nepotismo y mantuvo un órgano como el Consejo de la Judicatura Federal para actuar como juez y parte a la hora de evaluar desempeño de juzgadores.
Por eso la renovación, por eso la elección de juzgadores el 1 de junio. No es un capricho, es un clamor del pueblo.
Y por eso viene una nueva reforma judicial.
Hay juzgadores que tienen cuentas pendientes:
Eduardo Torres Carrillo, como juez, ahora magistrado, violó el plazo constitucional para definir la situación jurídica de un detenido que fue torturado.
Jorge Fermín Rivera, magistrado pensionado, torció la ley y no respetó el principio de definitividad. Igual la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Ambos reabrieron un caso que ya había sido cerrado.
La magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar ordenó arbitrariamente el encarcelamiento de una víctima.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá negó a víctimas el derecho de audiencia.
Y el ministro en retiro Luis María Aguilar Morales fue omiso y no sancionó a jueces corruptos. Protegió intereses económicos.
Son algunos ejemplos de juzgadores que tendrían que rendir cuentas.
El nuevo Tribunal de Disciplina del poder judicial, que funcionará a partir de septiembre, podría investigarlos y sancionarlos por su mal desempeño.
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