Historia de César Arellano García

Trabajadores del PJF se manifiestan al exterior del Consejo de la Judicatura Federal, en la CDMX. Foto Roberto García Ortiz
Trabajadores del PJF se manifiestan al exterior del Consejo de la Judicatura Federal, en la CDMX. Foto Roberto García Ortiz
Una juez federal otorgó una nueva suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) se abstenga seguir el proceso electoral judicial, 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros, mientras que al Senado de la República que suspenda la convocatoria para la integración de las listas de candidatos.

Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Yucatán, además resolvió que la Cámara de Diputados frene el proceso de adecuación de las leyes federales y los Congresos locales no podrán realizar las reformas a sus Constituciones.

El fallo corresponde a una demanda de amparo que promovió un particular de nombre Leoncio Paisano Arias, quien reclamó que el proceso legislativo que dio origen al decreto de reforma al Poder Judicial rompe con el equilibrio que debe existir entre los poderes de la unión.

Pero además, señaló que el Poder Legislativo llevó a cabo una reforma irregular, ya que rebasó su competencia, rompiendo el estado democrático y de derecho, asimismo vulneró el principio de autonomía e independencia judicial, lo que impacta en el acceso a la justicia a través de jueces imparciales.

En su resolución la juzgadora apuntó que se evidencia un procedimiento legislativo viciado. "Del contenido del decreto de reforma reclamado, se aprecia, que al prever la votación popular de jueces y el cese de los jueces actuales sin previo procedimiento, e incluso, decretando medidas regresivas como el eliminar los requisitos de experiencia técnica, el desconocimiento de derechos fundamentales como la inamovildad, salarios establecidos, desatiende, sin duda, las garantías de autonomía e independencia judicial que instrumentan el derecho humano de acceso a la justicia".

Las autoridades federales pueden impugnar la resolución para que el caso se turne a un tribunal colegiado, para que determine si confirma, modifica o revoca la determinación de primera instancia.