A unos días de realizarse la consulta ciudadana para la revocación de mandato, sin duda a los dirigentes, representantes y funcionarios morenistas ya no les importa violar la Constitución para encabezar actos masivos a fin de alentar a la ciudadanía a emitir su voto en favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en su cargo.
Así sea Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, o Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, quienes acuden a reuniones masivas bajo el argumento de informar acerca de la iniciativa de reforma eléctrica, para sin rubor alguno expresar, tras expresar los calificativos positivos que pueden encontrar en favor del presidente para reiterarle que ’no está solo’.
Actos que por supuesto son ilegales, ya que violan lo que los diputados morenistas aprobaron cuando dieron su aval a la Ley de Ratificación de Mandato donde, entre otros puntos se limitaba la promoción de la Consulta al Instituto Nacional Electoral, para que en un cambio de opinión presidencial ahora todos puedan desarrollarla abiertamente.
Poco les importa y no les atemoriza que el INE haya dictado medidas cautelares y de tutela preventiva no solo a quienes participaron en reuniones públicas el pasado sábado en Coahuila y Sonora, ampliamente difundidas en redes sociales, donde incluso se viajó en un avión de la Guardia Nacional, es decir utilizaron recursos oficiales, y asistieron funcionarios federales, también a otros como el gobernador de Veracruz y miembros del gabinete.
Incluso organizaciones totalmente afines a Morena como ’Que Siga la Democracia’, liderada por Gabriela Jiménez, solicitaron permiso al INE para instalar sus propias casillas el próximo domingo, bajo el argumento de que se incumplió con el número necesario para un proceso electoral federal. Sin embargo, la reducción de estas casillas se debió a la negativa al presupuesto solicitado tanto a diputados federales como a la Secretaría de Hacienda.
Por supuesto el INE no lo autorizó ya que al ser una organización totalmente parcial, se argumentó que en el futuro cómo negarle a un partido político que en una elección instalen sus propias casillas lo cual definitivamente no garantizaría un proceso objetivo e imparcial.
Lamentablemente, con estas condiciones todo está preparado para que sin importar si el resultado es positivo o negativo para López Obrador, el INE sea culpado de haber obstruido hasta el último momento la realización de la consulta, como una forma para desacreditarlo y promover su desaparición o transformación en una entidad dependiente del gobierno federal.