En estos días el periódico ’La Crónica’ ha dado seguimiento a una información que debería resultar de gran interés tanto para el gobierno federal como para los estatales, en particular para el del Estado de México: ha difundido que autoridades de varios municipios del estado de Guerrero expiden licencias de manejo sin necesidad de que el solicitante acuda a sus oficinas, ya sea vía WhatsApp o Facebook, sin corroborar su identidad real
Es decir, que sin mayores requisitos cualquier persona puede adquirir una licencia de manejo oficial, tanto de automovilista como de choferes de camiones de carga, con lo cual se pueden iniciar otros trámites como credencial del INE, pasaportes y hasta tarjetas bancarias bajo identidades falsas o alteradas, ya que la foto se envía por internet, donde el solicitante puede alterar su imagen con barba o bigote falso, entre otros recursos.
El periódico cita el caso de Eleazar Medina Rojas, alias ’El Chelelo", considerado como uno de los líderes más importantes del Cártel del Golfo en las últimas décadas quien de 2007 a 2018 fue arrestado cuatro veces, logrando entrar y salir gracias a amparos y otras argucias legales, y en todas las detenciones se le aseguró una licencia falsa, con un nombre distinto.
También cita el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al ser detenido en España en febrero de 2020, portaba una licencia de conducir mexicana con el nombre de Jonathan Solís Fuentes, con la cual había fincado una identidad ficticia en esa nación europea.
De acuerdo con la información periodística, las autoridades municipales de Guerrero realizan esta ’expedición de licencias’ como una forma aumentar sus magros ingresos.
Este asunto debería interesarle al gobierno federal para que tome carta en este asunto y evite esa irregular práctica, bajo el convenio ’Principios Técnicos, de Funcionalidad y Seguridad para las Características, Contenidos y Procedimiento de Emisión de las Licencias de Conducir’, respaldado por los trabajos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, firmado por todos los secretarios estatales del ramo para estandarizar ese documento.
Aquí, en el Estado de México y como debe repetirse en otras entidades, han aparecido oficinas que tramitan esas licencias, por lo que esas autoridades deberían verificar la legalidad de su operación y, de ser necesario, cancelar su operación para evitar que con la expedición de esos documentos se puedan cometer desde ilícitos leves hasta graves delitos.
De lo contrario con la función de esas ’oficinas’ sin duda existirá un recurso que será aprovechado por todo tipo de delincuentes para que operen impunemente.