La transparencia nunca ha sido venerada en los hechos por el servidor público, solo de dientes para afuera. A cualquiera que le pregunten si está abierto a que le revisen lo que hace y no hace, lo que gasta y no gasta, su respuesta será inmediata, categórica y afirmativa.
En la declaración, en los dichos, todos están de acuerdo con la transparencia en tanto no sean ellos los transparentados. Si de verdad existiera la cultura de la transparencia, no habría ni necesidad de contar con organismo autónomo para combatir la opacidad.
Los gobiernos, los servidores públicos, deberían ser transparentes por naturaleza, conscientes de que manejan recursos ajenos, dinero que no es suyo sino de la sociedad que paga impuestos.
Trabajar en caja de cristal. Sus acciones a la vista de los gobernados, para que prevalezca la confianza sobre el manejo que hacen del presupuesto, certeza de que cada peso está bien gastado, reflejado en diversidad de obras en beneficio de la comunidad.
Prácticamente ninguna autoridad deja satisfechos con su primera respuesta a los interesados en transparencia. El camino establecido a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es largo. Puede llevar semanas, meses y hasta años la obtención de la información solicitada.
Es común que la información entregada sea incompleta, así que el peticionario deberá de interponer lo que llaman recurso de revisión. La autoridad podrá alegar que su información es reservada y por lo mismo no la puede dar a conocer. En ocasiones también es común, el pretexto de que la información requerida no obra en sus archivos. Son actitudes que se repiten y vuelven tortuoso el mecanismo de transparencia. Hay autoridades que optan por ampararse con tal de no dar información y otras que se desentienden de lo que se les pide, dicen que no es de su competencia.
La resistencia a dar información no es exclusiva de una institución, partido o gobierno, del color que sea. Temen que sea usada para descrédito de oficinas públicas y funcionarios.
Valdría la pena explorar otras formas para garantizar la transparencia, porque hasta ahora el INAI no ha sido suficiente. Los entes obligados a dar información se han especializado en evadir requerimientos. Faltan rectitud y moralidad. Hacer lo correcto, lo que establece la ley.
Se ha burocratizado la transparencia y los legisladores no se han ocupado en perfeccionar las reglas para que la obtención de la información sea mucho más simple, inmediata y precisa.
En los hechos hay conformismo porque en el fondo nadie quiere ser transparentado. Las declaraciones políticas son partidarias de la transparencia, la exigen porque eso adorna a cualquier servidor. No existen los pronunciamientos en contra, todos a favor.
Hoy el reclamo opositor ha subido de tono porque tres comisionados del INAI ya culminaron su periodo y el organismo autónomo en esas condiciones no puede operar al cien.
Se truncó el proceso que ya había nombrado a dos comisionados, fueron vetados por el Ejecutivo al dudar de su imparcialidad y en el Senado no hay prisa por reponer el trámite.
El impasse forzado debería aprovecharse para elaborar iniciativa que haga efectiva la transparencia, sin resistencias de nadie.
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