Arturo Zárate Vite

En materia electoral la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo dice la Constitución, no requiere interpretación, literalmente lo especifica y a los juzgadores corresponde acatar.
Por eso es que los amparos y suspensiones jurídicas que emiten jueces para frenar el proceso de elección de juzgadores, programado para el próximo 1 de junio, no proceden.
Cierto que un amparo o suspensión emitido por juez tiene que obedecerse, no se puede ni debe ignorar, porque entonces se pondría en entredicho el Estado de Derecho. Nada más que en este caso los jueces no son competentes para estos asuntos.
La Constitución les impide meterse en materia electoral. Seguro lo saben. Se hacen los desentendidos. Su objetivo es echar abajo la elección de juzgadores. Siguen instrucciones. No les importa actuar al margen de la ley. Dan por hecho y tienen la certeza de que nadie los va a molestar mucho menos a sancionar.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se supone tiene la responsabilidad de vigilar el desempeño de los juzgadores, no ha dicho nada. Ninguno de sus integrantes ha abierto la boca sobre tema en ese sentido, lo que sin duda los hace caer en negligencia, con conocimiento de causa.
Se han quedado callados tanto los que llegaron por el camino de la Cuarta Transformación como los que llegaron por el camino de la Corte. Unos porque están convencidos de que nos les conviene la reforma judicial ni el proceso de elección de juzgadores y otros porque están en el final de su ciclo como juristas y no quieren hacer nada que repercuta en su jubilación.
El hecho es que se ha dejado hacer y deshacer a jueces que evidentemente actúan por consigna y que lamentablemente, con su proceder, contribuyen al deterioro de la imagen del poder judicial.
Si son capaces de pelearse con los poderes Ejecutivo y Legislativo e ir en contra de lo que señala la Constitución, qué puede esperar el mortal común cuando se topa con lo que se supone son impartidores de justicia.
Al mortal común lo aplastan si hay consigna, no importa que tenga las mejores pruebas o haya sido declarado inocente y tenga a su favor el acuerdo del poder judicial que declara su caso concluido.
En materia electoral, los jueces que siguen la línea de hacer lo que puedan hacer para descarrilar la elección de juzgadores, han chocado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
Los magistrados Mónica Soto (presidenta), Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata se han vuelto garantes de hacer respetar y cumplir la Constitución ante la embestida de quienes atienden intereses personales o de grupo.
Son mayoría en la sala superior del tribunal y con su voto han desestimado la acción indebida de jueces.
También en su oportunidad, mantuvieron firme la defensa y cumplimiento de la ley cuando llegó a su jurisdicción el debate sobre la representación proporcional en el poder legislativo, la distribución de diputaciones y senadurías que tanto cuestionó la oposición.
Lo que han hecho Mónica, Alfredo y Felipe es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución, sin inventar interpretaciones.
Si hay quienes no entienden o no quieren entender que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra en materia electoral y que no hay recurso alguno que pueda tirar la reforma judicial y el proceso de elección, es porque lo suyo no es apegarse al Estado de Derecho.
¿Y que hará el CJF con quienes flagrantemente ignoran la Constitución?
¿Va a esperar a que se constituya el Tribunal Disciplinario?
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