Cuando todo estaba listo para ser debatida en el pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de reforma electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, anticipándose que no alcanzaría la mayoría calificada Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció la posposición el debate al 6 de diciembre.
Aunque se posponga esa discusión ya existe la consciencia de que en estos momentos esa reforma está desahuciada por lo cual ya se prepara el llamado plan ’B’, consistente en modificar seis leyes secundarias para ser votadas antes de terminar el actual periodo legislativo, donde será suficiente la mayoría simple para ser aprobadas sin afectar la Carta Magna,
Las leyes que serían puestas a consideración serían la General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), General de Partidos Políticos, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, General en Materia de Delitos Electorales, Federal de Consulta Popular y General de Comunicación Social.
En resumen se pretendería modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral para fusionar las direcciones de capacitación y organización electoral; integrar las tareas de fiscalización del INE con los de los Organismos Públicos Locales Electorales’; eliminarse la duplicidad en el registro de candidatos, para tener ’un sistema único’; elevarse a rango de ley las acciones afirmativas para que personas de pueblos originarios, afromexicanos, con discapacidad y migrantes accedan a cargos de representación popular.
También temas relacionados con el financiamiento de los partidos, mediante una nueva fórmula para asignar montos a los partidos es constitucional, reducir el número de diputados federales y senadores, limitar los legisladores estatales y de regidores en los ayuntamientos.
Pero todas estas propuestas de reformas, aparentemente, son para ’terminar con los fraudes electorales’ lo cual en sí mismo resulta ser un fraude porque ¿cuál es el fraude más reciente que recuerda?
A excepción del presuntamente cometido en contra de López Obrador en el 2006, cuando perdió la elección presidencial frente a Felipe Calderón Hinojosa –hecho que a pesar de todo lo que diga el político tabasqueño, lo tiene totalmente obsesionado y lo guarda en lo más profundo de su ser–, no existe ninguna otra denuncia por un fraude que haya ido más allá del ’derecho de pataleo’ al que recurren los candidatos perdedores como último recurso.
De ahí ¿cuál otro fraude electoral recuerda en más de veinte años?