Haríamos una reflexión sobre la postura adoptada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Luis María Aguilar, y los ministros que integran el alto Tribunal: ’En La vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias’. Destituyeron y consignaron ante un juez federal al jefe de la delegación Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera. Y a su antecesor, actual diputado, Manuel Ballesteros, por el delito de desacato, ’Inejecución de sentencia. El Máximo Tribunal aplicó, acto insólito, pero de justicia y advertencia la sentencia. ’Si no se cumplen las sentencias, el Estado de derecho no es más que una ficción. Y éstas no valdrían ni el papel en que están impresas’. Se actúo como juez y parte, dentro de la Ley. Atribución que tiene la SCJN y que solamente era utilizada en funcionarios menores. En la actualidad, desempolvada por el Pleno de la Corte, ésta facultad, sui generis, permite que el poder judicial se convierta, cuando hay un desacato, incidente de inejecución de sentencia, en órgano acusador y juzgador es decir en parte y juez.
En esta atribución muy rara por cierto, la ley le da facultades a los Ministros de la Corte en ser órgano acusador, función esencial del Ministerio Publico y al mismo en juzgador de lo que este mismo poder acusa. Atribución que equilibra a los tres poderes federales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, así hace valer sus mandamientos. Hasta ahora esta facultad estaba empolvada tal vez por temor, creemos que fue así, del poder judicial a los altos funcionarios en la administración pública federal o administraciones estatales.

Don Luis María, también como presidente del Poder Judicial de la Federación, lanzó un llamado para que los funcionarios públicos cumplan efectivamente las resoluciones de amparo que buscan proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos. Y no se hizo esperar.
De inmediato la Secretaria de Cultura Federal María Cristina García y Víctor Hugo Lobo, del gobierno de la Ciudad de México,